El estado de Puebla enfrenta una problemática creciente en el manejo de residuos sólidos urbanos que ya se refleja en impactos a la salud pública y a los recursos naturales. Un diagnóstico reporta que 77% de los municipios —167 de 217— presenta dificultades severas para deshacerse de su basura de forma legal y segura, sin contar con alternativas técnicas sólidas que frenen el deterioro ambiental.

En el estado se identificaron 97 sitios de disposición final, pero solo 24.74% cumple los criterios técnicos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Esto implica que únicamente uno de cada cuatro rellenos sanitarios opera conforme a la regulación ambiental. El resto se mantiene en condiciones de irregularidad, saturación o con riesgo de contaminación, en un entorno que el diagnóstico describe como una red con deficiencias estructurales, carencias tecnológicas para el aprovechamiento de biogás y una exposición constante para la salud y el medio ambiente.

La generación diaria de residuos en Puebla ronda las 6 mil toneladas. De ese volumen, se recolectan aproximadamente 4 mil 218 toneladas, lo que representa una cobertura estimada de 70.41%. El margen restante queda fuera del control institucional y aumenta la presión sobre los puntos de disposición existentes. Con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el análisis identificó 19 sitios catalogados con riesgo alto para la población y su entorno inmediato.

El diagnóstico desagrega los focos de mayor riesgo por región. En la Sierra Norte y Nororiental se reportan 10 rellenos sanitarios de riesgo alto en municipios como Pahuatlán, Tlacuilotepec, Xicotepec, Zihuateutla y Tetela de Ocampo. En el Valle de Serdán se documenta un sitio de alto riesgo en Rafael Lara Grajales, donde se reporta presencia de lixiviados y una operación con limitaciones severas. En la Mixteca se ubican 32 sitios de disposición final; cuatro son de riesgo alto, entre ellos el de Izúcar de Matamoros, que aunque está clasificado dentro de la norma, presenta deficiencias operativas que elevan el peligro de contaminación.

En el Valle de Atlixco y Matamoros se revisaron nueve sitios: el de Atlixco fue considerado de riesgo alto y otros ocho aparecen con riesgo medio o mediano. En la región de Angelópolis se identificaron seis sitios en un esquema de riesgo medio; cuatro cumplen con la NOM-083 y cuentan con tratamiento de lixiviados, pero se reportan fallas recurrentes y limitaciones técnicas que comprometen su funcionamiento. En Tehuacán y Sierra Negra se reportan nueve rellenos; tres se consideran de alto riesgo y se ubican en Tochnene, en Tlacotepec de Benito Juárez, en Tehuacán y en Ajalpan.

El estudio advierte además que varios rellenos intermunicipales se encuentran cerca de agotar su vida útil, lo que dejaría a numerosos ayuntamientos sin sitios autorizados para depositar los desechos. El relleno de Tehuacán, ubicado en la Reserva de la Biósfera Cuicatlán-Tehuacán, aparece como agotado y sin posibilidad de ampliación. En el caso del relleno de la ciudad de Puebla, en Chiltepeque, se estima que restan alrededor de siete años de operación antes de llegar a la saturación prevista hacia el cierre de la década. El sitio de Atlixco está próximo a su límite y requiere una ampliación urgente; el de Izúcar de Matamoros opera bajo extensión, pues el proyecto original de 15 años ya fue rebasado, y el de Zacatlán tendría cerca de seis años de vida restante, con riesgo de saturación en el mediano plazo.

El diagnóstico añade que, al momento del cierre definitivo, la altura de estos depósitos podría alcanzar alrededor de 30 metros, lo que incrementa la posibilidad de inestabilidad estructural e incendios con impacto potencial en comunidades cercanas. A esto se suma una gestión deficiente que ha convertido a algunos sitios en tiraderos regionales, acelerando su colapso.

Entre las principales fallas técnicas se documenta el manejo insuficiente de lixiviados y biogás. En muchos municipios, la práctica se limita a depositar residuos sin saneamiento o aprovechamiento, lo que agrava la contaminación. El estudio señala riesgos para acuíferos por ausencia de geomembranas y sistemas de captación de lixiviados, con filtraciones en zonas como Huejotzingo que afectan mantos freáticos en municipios vecinos como San Andrés Calpan y San Pedro Cholula.

En materia de biogás, el reporte indica que las emisiones están prácticamente sin control, con escasa o nula tecnología para su aprovechamiento o quema, lo que incrementa gases de efecto invernadero. En el relleno de San Martín Texmelucan, por ejemplo, se reportó ausencia de antorchas para la quema del biogás, condición que eleva el riesgo de explosiones o incendios. En higiene y seguridad laboral, solo 12 de los 97 sitios realizan monitoreos constantes, lo que deja expuestos a trabajadores y a comunidades cercanas. Además, la falta de saneamiento en rellenos clausurados o saturados mantiene la amenaza de infiltración de lixiviados al subsuelo.

El diagnóstico concluye que el modelo de gestión de residuos en Puebla está bajo presión: 77% de los municipios enfrenta obstáculos severos para una disposición legal y segura y, en varios casos, los rellenos operan como tiraderos regionales. Ante este escenario, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal plantea la necesidad de migrar a esquemas de separación desde el origen y compostaje, al considerar que la construcción de nuevos rellenos, por sí sola, no resolverá el problema.

Finalmente, el documento subraya que la crisis no se limita a la recolección, sino que representa un riesgo permanente para la salud pública y requiere una reingeniería del modelo de manejo de residuos. Aunque el marco legal otorga a los ayuntamientos facultades para crear programas de prevención y concesionar el manejo integral, el propio diagnóstico sostiene que en Puebla faltan alternativas técnicas robustas, lo que perpetúa la saturación de centros de transferencia y de los sitios de disposición final.