El paquete económico para 2026 fue presentado como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 74, fracción IV, por el secretario de Hacienda y Crédito Público: en fecha oportuna y con las formas así señaladas.

Esta obligación constitucional representa la expresión crucial que define el rumbo económico y social de México para el próximo año. Más allá de ser un conjunto de cifras, es la manifestación de las prioridades del gobierno en turno, delineando qué sectores de la administración pública recibirán la mayor inversión y, por ende, qué políticas públicas se impulsarán con mayor fuerza.

Según el proyecto, para el ejercicio fiscal 2026, el gasto total presupuestado asciende a 10.19 billones de pesos. Esta cifra representa un incremento de 5.9% con respecto al presupuesto aprobado para el año 2025.

De la primera lectura del proyecto de presupuesto de egresos se identifica una clara inclinación hacia ciertos sectores. Tradicionalmente, las dependencias con mayor asignación presupuestal son aquellas que se consideran estratégicas para la estabilidad y el desarrollo nacional.

En este proyecto, se espera que secretarías como la de Bienestar, la de Defensa Nacional, la de Marina y la de Energía reciban una parte sustancial del gasto.

La preponderancia de la Secretaría de Bienestar refleja la continuidad de la política social del gobierno, enfocada en los programas sociales como las pensiones para adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos a personas con discapacidad. Este enfoque busca mitigar la desigualdad y fortalecer la red de apoyo para los sectores más vulnerables de la población.

Por otro lado, la inversión en el rubro de defensa y labores de marina subraya la importancia que el gobierno le da a la seguridad y la defensa nacional. En el caso del sector energía, el presupuesto refleja la apuesta por inversiones significativas en proyectos de infraestructura como la refinería de Dos Bocas o el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

Finalmente, el sector salud con un marcado financiamiento a la operación del IMSS-Bienestar y el rubro educación con una fuerte apuesta a la política de becas universales, también son factor de análisis en esta reciente propuesta de gasto público.

Una parte fundamental del proyecto de presupuesto de gasto para 2026 es la distribución de recursos a los gobiernos locales a través de participaciones y aportaciones federales. Las participaciones son recursos que los estados y municipios pueden usar de manera discrecional, mientras que las aportaciones están etiquetadas para proyectos específicos en áreas como educación, salud e infraestructura.

La correcta asignación de estos fondos es vital para garantizar que las entidades federativas puedan financiar sus servicios públicos y proyectos locales.

Sin embargo, el proyecto de presupuesto también ha sido objeto de numerosas críticas. Una de las más recurrentes es la concentración de recursos en proyectos insignia del gobierno federal, a menudo en detrimento de otras áreas consideradas esenciales, como salud, educación o ciencia y tecnología.

Argumentos críticos apuntan a que esta centralización limita la capacidad de los estados para responder a sus necesidades específicas y que, en ocasiones, los recortes a sectores no prioritarios pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Además, se cuestiona la opacidad y la falta de rendición de cuentas en la ejecución de ciertos proyectos, así como la viabilidad financiera de algunas de las grandes obras de infraestructura ahora que no existe un árbitro autónomo que incentive e instruya la apertura de información de carácter público.

A pesar de estos razonamientos, el presupuesto se mantiene como una herramienta vital para la ejecución de políticas públicas, la dirección del gasto nacional y la posibilidad de endeudamiento como alternativa financiera para incidir en los gastos de la nación.

Al final, la decisión de aprobarse en sus términos corresponde a las Diputadas y Diputados (pues es una facultad exclusiva de esa Cámara) y el escrutinio de ese gasto nos asiste a las mexicanas y mexicanos.

Diánoia: El último Índice de Presupuesto Abierto (2023) elaborado por la organización International Budget Partnership, refiere que el balance de México en cuanto a la transparencia de su presupuesto público cuenta con una calificación de 80 de 100.

Esta calificación indica que el país publica suficiente información para permitir un debate público informado sobre el presupuesto. Esto lo posiciona como el mejor evaluado en América Latina y el sexto a nivel global en este rubro. ¿Cuáles serán los esfuerzos del desconcentrado “Transparencia para el Pueblo” para ayudar a mantener o mejorar esa posición?