El gobierno de Indonesia anunció la revocación de privilegios otorgados a los miembros del Parlamento, incluyendo asignaciones de vivienda y viajes oficiales al extranjero, luego de días de intensas protestas que sacudieron varias ciudades del país.
Las manifestaciones comenzaron el 25 de agosto y se intensificaron tras la muerte de un repartidor de motocicleta, atropellado durante un operativo policial. Las protestas dejaron al menos seis muertos, más de 1,200 arrestos y daños materiales que superan los 3 millones de dólares, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y saqueos en distintos puntos del país.
Grupos de derechos humanos y la ONU han exigido investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza, mientras estudiantes universitarios han sido los más afectados por la represión. A pesar de la revocación de privilegios, las protestas continúan, evidenciando el descontento social y el reto que enfrenta el gobierno para restaurar la confianza de la población.