La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) pidió a la Justicia suspender el decomiso de 537 millones de dólares que le fue ordenado por irregularidades en la concesión de obras viales. Fernández sostiene que sus bienes son legítimos y cuestiona la forma en que se calculó el monto, calificándolo de irregular y en perjuicio de su derecho de defensa.
El Tribunal Oral Federal (TOF) había dispuesto que Fernández y otros ocho condenados, incluido el empresario Lázaro Báez, pagaran 685 mil millones de pesos. Ante el vencimiento del plazo este miércoles, la defensa solicitó que se detenga toda ejecución patrimonial hasta que se dicte un fallo definitivo sobre el monto, argumentando que el cálculo original era provisional y ahora se aplica como definitivo sin debate previo.
Desde junio, cumple prisión domiciliaria tras la confirmación de su condena a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia sostiene que las maniobras durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández provocaron un “gravísimo daño al erario público”, consolidando uno de los casos de corrupción más sonados de la historia reciente argentina.